Ley de Cultura: una tortuosa historia

Esta fotografía tomada de diario El Universo captó un instante de la reunión sostenida entre la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; el ministro de Cultura, Guiilaume Long, y el presidente de la CCE, Raúl Pérez Torres, el pasado miércoles 20 de enero.

Labarraespaciadora / 26 enero 2016

Por Pablo Salgado Jácome

Esta es la historia breve de una ley discriminada por los poderes del Estado. Aun cuando la Constitución del 2008 manda a crear el Sistema Nacional de Cultura, que solo puede caminar con el respaldo de un marco legal, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han tratado al sector cultural ecuatoriano como plato de segunda mesa.

Una antigua locomotora y un cascarón terracota, inmenso y horrible, nos dieron la bienvenida en Ciudad Alfaro, ubicada en la loma de Montecristi, lugar natal del Viejo Luchador Eloy Alfaro Delgado.  Allí se reunió –en el 2007– la Asamblea Constituyente, que sentó las bases para el nuevo país a través de una nueva Constitución.  De ahí el carácter simbólico del lugar. Un busto prominente de Alfaro preside el plenario. Y allí, en esa misma sala, fueron citados los artistas y gestores culturales por el Ministerio de Cultura. La invitación fue hecha para discutir el texto del proyecto de Ley de Cultura que sería presentado a la Asamblea Nacional. Dicho texto debía ser el resultado de las propuestas realizadas en los Congresos por sector y en los 100 días por la Cultura.

Todos acudieron a Montecristi confiados y seguros de que la nueva Ley de Cultura cambiaría, no solo la institucionalidad del sector, sino también el destino de cada uno de los artistas y creadores del país. Pero no fue así. El Ministerio de Cultura –presidido entonces por Ramiro Noriega y Francisco Salazar– nunca presentó el texto de Ley que sería remitido a la Asamblea Nacional.  Y esa fue una gran primera decepción en el camino para la expedición de la ya famosa Ley. Posteriormente, con cada nuevo ministro –Erika Silva, Paco Velasco, Francisco Borja y ahora Guillaume Long– se ha elaborado un texto, pero se lo ha construido en los escritorios de los ministerios o en las consultorías de abogados.

A enero del 2016 –quién creyera– el Ecuador no tiene aún una nueva Ley Orgánica de Cultura, a pesar de que este es un mandato constitucional. Es decir, llevamos apenas siete años de retraso.  En el sector Cultura nunca se hizo realidad aquel mandato del presidente Rafael Correa a sus ministros: “hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido”.

Esta es una historia tortuosa y tormentosa. Una historia que revela la ineficiencia de las autoridades del sector de la cultura pero también –y lo que es más grave– la poca importancia que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional han mostrado por el tema cultural. Tanto es así, que el propio Presidente afirmó –en la inauguración de la pasada Feria del Libro, en el Teatro Nacional– que “la Revolución Ciudadana tiene una gran deuda con el sector cultural. No podemos perder más tiempo, hay que caminar más rápido”.

Correa tiene razón. Pero, siete años después del mandato constitucional y nueve años después de que asumiera el poder, no parece que se esté caminando rápido.

La disposición transitoria primera de la Constitución de la República (aprobada mayoritariamente en referéndum en Septiembre del 2008), en su numeral 5, establece que en un plazo máximo de 360 días debe expedirse la Ley de Cultura. La Asamblea lo incumplió. Han pasado siete años y aún la Ley no ha sido aprobada. Es más, la Constitución ya fue reformada a través de un primer paquete de enmiendas y,  sin embargo, –de ripley– aún no se cumple ese mandato.

¿Qué sucedió? He aquí la historia.

Cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, ya dos ministros habían presidido el  Ministerio de Cultura. El primero, Antonio Preciado, un reconocido poeta oriundo de Esmeraldas, quien además se había desempeñado como funcionario de la dirección cultural del Banco Central del Ecuador. La gestión de Preciado no pudo responder a las enormes expectativas que se habían generado en el sector de la cultura a raíz del anuncio de la creación de un Ministerio de Cultura. Había heredado toda la mediocridad de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, más nuevos funcionarios ligados al naciente movimiento Alianza Pais y colaboradores cercanos del Ministro en Esmeraldas. El resultado: construyó la institucionalidad administrativa e inauguró el edificio que le había sido incautado al Banco Continental. Pero los recursos económicos, a través de auspicios, se habían entregado del mismo modo discrecional de siempre. Cuando el presidente Correa nombró a Ramiro Noriega en lugar de José Ron como viceministro, se produjo un quiebre. Con Noriega llegó el grupo Ruptura 25 y con Preciado permanecieron los funcionarios ligados a AP. Los dos grupos estaban confrontados. Y lo que es peor: el primer fondo concursable –para que el acceso fuera democrático y transparente– convocado por Noriega, generó también reclamos y reparos. Esto provocó descontento y enfado en los gestores culturales beneficiarios de esos recursos, lo que les llevó a manifestarse en las calles. En la avenida Colón –frente al Ministerio- los gestores interrumpieron el tránsito y con carteles y megáfonos gritaron consignas contra las autoridades de la entidad.

Así las cosas, no había más que cambiar de Ministro. Llegó Galo Mora Witt, conocido artista, integrante del grupo Pueblo Nuevo y quien se desempeñaba hasta entonces como asesor del Presidente Correa. Mora abrió las puertas a gestores y artistas y fue con ellos con quienes enrumbó al Ministerio. Al tiempo que ratificó a Ramiro Noriega como Viceministro, Mora arregló los desfases e inconsistencias administrativas de los procesos de auspicios y –en común acuerdo con los beneficiarios– inició una relación cercana que le permitió no solo solucionar los conflictos generados por los proyectos impagos, sino financiar 723 proyectos a nivel nacional con una inversión superior a los 14 millones de dólares. Además se recuperó para Quito la Feria del Libro, con la organización de la Fiesta de la Cultura, en la cual participaron 60 escritores internacionales y 74 nacionales. Sin duda el mejor evento del libro realizado en la historia del país.  Y, por primera vez, Ecuador fue el invitado de honor en la Feria Internacional del libro de Venezuela.

Restablecida la relación con los artistas y gestores culturales se acordó convocar a los Congresos de las Artes para que se discutieran, desde las necesidades específicas de cada uno de los sectores, las propuestas para la Ley de Cultura.

Así se lograba también que los artistas, siguiendo el ejemplo del sector cine, se pudieran juntar y organizar. Se reunieron los Congresos de Artes escénicas; Teatro y Danza; de Cine, Artes plásticas y Música. No se reunió el sector de Literatura, simplemente resultó imposible juntar a los escritores. Sin embargo, muchos de ellos se sumaron a los otros congresos y fueron parte del proceso.

Para facilitar las resoluciones y conclusiones de cada uno de los congresos se constituyó un equipo técnico y se incorporó al reconocido escritor y filósofo Fernando Tinajero.

Sin embargo, el bombardeo a Angostura por las fuerzas militares de Colombia, ocurrido el 1 de marzo del 2008, que terminó con la muerte de Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC, generó una crisis de gabinete y el presidente Correa pidió a Galo Mora que lo acompañara en la Presidencia como su Secretario Particular. “Necesito a mi lado a una persona de confianza”, dijo. A pesar de que se  solicitó al Primer Mandatario que permitiera a Mora continuar hasta agosto, cuando terminaba la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, se determinó que “en el menor tiempo posible”, se incorporara a la Presidencia.

Primer proyecto de Ley

Ramiro Noriega fue nombrado nuevo Ministro de Cultura y se posesionó el 15 de enero del 2009. Noriega designó como viceministro a Paco Salazar –vinculado a Ruptura de los 25– y se abrió un nuevo espacio para la construcción de la Ley al que se denominó Los 100 días de la Cultura, ya que se inició el 28 de abril y culminó el 10 de agosto del 2009. Se realizaron nueve encuentros regionales en Ambato, Ibarra, Quito, Babahoyo, Guayaquil, Cuenca, Loja, Tena y Montecristi. En estos encuentros participaron 2 500 artistas, gestores y ciudadanos interesados en la cultura y los patrimonios.

Inmediatamente se convocó a todos los presidentes y delegados de las mesas de trabajo y otros artistas con representatividad, al Encuentro Nacional Ciudadano por la Cultura, en Ciudad Alfaro, el 16 y 17 de mayo de ese mismo año.  Y sucedió lo que contábamos al inicio de esta nota: a pesar de que el compromiso del Encuentro era “validar las propuestas recibidas” en los diversos encuentros y suscribir un acuerdo que se convertiría en mandato ciudadano, nunca se conoció el texto de ley que posteriormente el Ministerio de Cultura remitió a la Asamblea Nacional para su tratamiento y aprobación.

En la Asamblea Nacional del 2009, Alianza País no contaba con mayoría. Y en la Comisión Especializada Ocasional de Cultura, presidida entonces por Marco Murillo, AP tenía minoría.Se presentaron tres proyectos de Ley: del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de la Coordinadora cultural de AP. Obviamente, no se llegó a ningún acuerdo a pesar de las múltiples reuniones y ejercicios por estructurar un único proyecto de ley que respondiera a los intereses de los actores culturales. Murillo –como representante evangélico del movimiento indígena– socializó en la consulta prelegislativa un proyecto de ley con énfasis en la plurinacionalidad e interculturalidad.

En junio del 2010, la Comisión Ocasional aprobó para segundo debate un informe de mayoría –con 89 artículos, cinco disposiciones generales, cinco transitorias y disposiciones derogatorias y reformatorias– que establece la creación del Sistema Nacional de Cultura conformado por siete áreas: Ministerio de Cultura, como órgano rector; la Casa de la Cultura Ecuatoriana; el Instituto de Artes Visuales, Plásticas y Contemporáneas; el Instituto Nacional de Memoria Social y Patrimonio Cultural; el Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos; el Instituto Nacional de Diálogo y desarrollo de la interculturalidad; y Gobiernos autónomos descentralizados y entidades privadas.  Además, se establece el Fondo Nacional para la Cultura, el patrimonio, el arte y las artesanías, como entidad descentralizada administrada por el Ministerio de Cultura.

Este es el proyecto que está listo para segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, hasta el momento en que se publica esta nota. Pero no olvidemos que también se presentó un informe de minoría. Por tanto, y de acuerdo al reglamento legislativo, se puede presentar un nuevo texto para que pueda ser discutido en el pleno de la Asamblea, en donde Alianza País tiene mayoría.

Mayoría absoluta en la Asamblea Nacional

Posteriormente, el 17 de febrero del 2013, Rafael Correa ganó en forma contundente las elecciones –en primera vuelta, con el 57.17%–, y obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.  Esto le permitió presentar varios proyectos de Ley además de las que, por mandato constitucional, debían ser aprobadas en la Asamblea. De una en una se fueron aprobando las leyes, menos la de Cultura, pues resulta que el tema no consta en la agenda prioritaria ni del Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa.

En abril del 2010, Erika Silva fue nombrada Ministra de Cultura. Y como ha ocurrido casi siempre, fue partir de cero, casi como si se cambiara de gobierno. Silva se propuso iniciar una “Revolución Cultural” bajo cuatro “ejes programáticos”: descolonización; derechos culturales; emprendimientos; y nueva identidad ecuatoriana contemporánea (sic). Y cuatro “ejes transversales”: interculturalidad; equidad integral; fortalecimiento de la institucionalidad; y posicionamiento internacional de las culturas del Ecuador. Para cumplir con estos objetivos, Silva incorporó una gran cantidad de empleados y funcionarios gracias a que Senplades aprobó su propuesta para el nuevo orgánico funcional del Ministerio, creando nuevas direcciones y subsecretarías, como la de Cine, por ejemplo, aun cuando ya existía el Consejo Nacional de Cine, generando así duplicidad de funciones. Además, el Ministerio de Cultura recibió las competencias de Patrimonio (con recursos y personal), ya que el presidente Correa decidió –inexplicablemente–  el 8 de mayo de 2013 suprimir el Ministerio Coordinador de Patrimonio.

Respecto a la Ley de Cultura, la ministra Silva conformó un equipo, con asesores externos, para elaborar un nuevo proyecto de la Ley que finalmente, y luego de sus tres años de gestión, nunca fue presentado a los actores culturales ni a la Asamblea Nacional. Tiempo perdido.

A Silva, en mayo de 2014, le sucedió Paco Velasco, quien abandonó su condición de asambleísta, para asumir esa cartera de Estado. Velasco hizo una reflexión: “Los núcleos de la Casa de la Cultura tienen grandes infraestructuras, pero no tienen recursos. En cambio, las direcciones provinciales de Cultura tienen recursos pero no tienen ninguna infraestructura. Así, congeló la relación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y suprimió competencias de las direcciones provinciales.  Contrató una consultoría para elaborar un nuevo proyecto de Ley de Cultura. Y mientras se discutía ese texto con su instancia superior (el Ministerio Coordinador de Talento Humano), Fernando Tinajero –en su columna de El Comercio, el 4 de septiembre– hizo una grave denuncia:“¿Se puede creer que haya alguien que conciba una Ley en cuyas disposiciones se suprima de hecho la más importante institución de cultura que tiene el Ecuador y se establezca una “Agencia de Regulación y Control de la Cultura? Yo, al menos, no lo puedo creer.”

En carta pública, el ministro Velasco desmintió la existencia de esa entidad de control en el texto del proyecto de ley, asegurando que “las únicas menciones sobre temas referidos a CONTROL se refieren a acciones contra los bienes patrimoniales”. Y afirmaba que “es una patraña lo que le han contado al señor Tinajero, quién sabe con qué intenciones. La Constitución del Ecuador aprobada, entre otros votos por el mío, dice en su Art. 378: El Estado ejercerá la rectoría del sistema  (nacional de cultura) a través del órgano competente, con respeto a la libertad de expresión…”

En tanto, y ante frecuentes rumores en torno a la desaparición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o la supresión de su autonomía, el presidente de entonces, Marco Antonio Rodríguez, había expresado que “el presidente Correa se convertirá en el  sepulturero de la cultura nacional”.

En las elecciones de agosto del 2012, fue elegido presidente de la CCE el escritor Raúl Pérez Torres, quien ya había ocupado el cargo entre el 2000 y el 2004. Pérez ha expresado públicamente que es simpatizante del gobierno de la Revolución Ciudadana y amigo personal de Rafael Correa. Sin embargo, a pesar de su simpatía con el oficialismo no logró –ni con Silva ni con Velasco– articular un proceso conjunto de participación en la elaboración de los proyectos de Ley. Recién en la gestión de Borja –por la cercanía común con la Izquierda Democrática– logró ser al menos  atendido y escuchado.

Pérez Torres, ante la presión de sus Núcleos, remitió varias cartas al presidente Correa, en las que expresaba su malestar con la forma en que se estaba manejando el tema cultural. Así lo hizo, por ejemplo, luego de un Enlace ciudadano –el 7 de septiembre de 2013- en el cual Correa había manifestado la inequidad en la distribución de los recursos y la ineficiencia en la gestión de la CCE. Pérez Torres, en carta fechada el 27 de septiembre de 2013, propuso: “la Casa de la Cultura podría ser una Entidad adscrita al Ministerio de Cultura, con su propia personería jurídica, cuyas atribuciones serían las de ejecución de la política cultural emanada por el Ministerio de Cultura.” Así mismo, le solicitó al Presidente que el Ministerio de Finanzas “nos liquidara un mal cálculo de lo que los 23 Núcleos reciben por el 2% de los ingresos brutos de Autoridad Portuaria”.  Nunca recibió respuesta, pero el Presidente Correa pidió que el ministro Velasco y el presidente Pérez Torres trabajaran una propuesta conjunta a ser presentada en 45 días. Nunca se cumplió el pedido del Presidente. Al poco tiempo, Paco Velasco renunció y fue reemplazado, en septiembre del 2014, por Francisco Borja, quien se había desempeñado como Embajador de Ecuador en Argentina.

Francisco Borja provenía del sector de la comunicación, pero no de la gestión cultural. Apenas si pudo armar su equipo de trabajo con nuevos directores y asesores. Luego de apenas seis meses, Correa enmendó su error nombrándolo Embajador de Ecuador en Washington. En su reemplazo –haciendo uso, una vez más, de esa obsesión por reciclar– nombró como nuevo Ministro de Cultura y Patrimonio a Guillaume Long, en marzo de 2015, quien hasta entonces se desempeñaba como Ministro Coordinador de Talento Humano.

Long delegó en su viceministra, Ana Rodríguez –y su equipo–, la elaboración de un nuevo texto (¿van cuántos?) de la nueva Ley que deberá ser tratado en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, y propuesto para debate del Pleno.

La única ley que no ha sido aprobada

La Asamblea Nacional aprobó 15 leyes durante el 2015. Pero no la Ley de Cultura. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira -en rueda de prensa- anunció que para el 2016 se aprobarán 36 leyes, incluida la Ley de Cultura. Aunque no dio fechas.

Gabriela Rivadeneira, a pesar de provenir de la gestión cultural, no ha sido una promotora de la expedición de la Ley. Por el contrario, ha permitido que sea la última en probarse, porque ya no queda más; porque se cae de madura. Y así lo ha reconocido: “Esta ley de cultura más que nunca tiene que ser considerada como una gran minga nacional, mientras más se sumen mejor.  Porque vamos a tener las voces de todos. Ojalá podamos llegar al mayor acuerdo posible para que esto sea una realidad y lo más pronto posible, porque es una deuda que necesitamos saldar”.

Todos los ministros de cultura anunciaron la expedición de la Ley. Y las asambleístas también. Recuerdo que la anterior presidenta de la Comisión de Cultura, Ximena Ponce, aseguró en un acto en la Casa de la Cultura –en la sala Benjamín Carrión, por más señas– que “máximo hasta mayo del 2015 el Ecuador tendrá una Ley de Cultura. ¡Falso! Ponce dejó de ser presidenta de esa comisión, lo reemplazó Raúl Abad y aún no tenemos ley.

“Sin cultura, no hay revolución”, aseguraba Pérez Torres en una de sus cartas al Presidente Correa. Y tenía razón.  Sin duda, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la institución cultural emblemática del país. Sin embargo, todos sabemos que –desde hace varios años atrás– tiene graves deficiencias: un modelo de gestión caduco; presupuestos precarios; estructura anticuada y un sistema eleccionario excluyente. Es más, el propio Raúl Pérez dijo, al ganar las elecciones: “la Casa está enferma y grave”. Y así es. El caso es que sigue muy grave.

Es necesario un cambio radical en su estructura, en su modelo de gestión, en su sistema de elecciones. Es necesario terminar con ese modo clientelar de gestionar la cultura, terminar con los guetos y clubes que se formaron y anquilosaron alrededor de la mayoría de los núcleos provinciales y abrir las puertas a los verdaderos artistas, a todos aquellos que se alejaron “porque puede ser todo, menos una casa”.

Los medios de comunicación masivos se han interesado en la Ley a partir de la denuncia de que supuestamente se pretendía coartar la autonomía de la CCE y suprimir su Matriz. Claro, era una oportunidad para atacar al Gobierno.  Decenas de artistas se pronunciaron a favor de la Casa e incluso algunos aseguran que es mejor no tener una Ley.

El 6 de enero de 2016,  Pérez Torres remitió una nueva carta al Presidente Correa: “debo expresarle mi preocupación, y de la comunidad cultural, con respecto al proyecto desarrollado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y que suprime la Matriz, quitándole su carácter nacional integrador y su autonomía, pues los núcleos pasarían a depender del Ministerio de Cultura.” Cuando las críticas arreciaron y un Manifiesto –y videos– de la “comunidad cultural” empezó a circular, el ministro Long y la presidenta Rivadeneira decidieron concurrir a la Junta Plenaria de la CCE para reiterar que jamás ha existido la intención de atentar contra la autonomía ni suprimir la Matriz.¿Se trataba, entonces, tan solo de una falta de comunicación y de diálogo político?

Esperar la movilización y reclamos públicos de importantes artistas para solo entonces sentarse a dialogar y “socializar” el contenido de la Ley es un grave error político. El resultado: cada vez más artistas y creadores se convierten en detractores y opositores, y muchos de ellos radicales y agresivos.

Estos hechos provocaron también que el debate se concentrara en la Casa de la Cultura, cuando en verdad los temas de fondo son otros: el Sistema Nacional de Cultura (los cuatro institutos que se crean); el financiamiento a través de del Fondo para el Fomento de las artes (que reemplazaría al actual fondo del Concejo Nacional de Cultura); exenciones tributarias para el sector privado; formación y educación en el arte; seguridad social y beneficios laborales para artistas y creadores, entre otros.

En los temas vinculados al patrimonio, por ejemplo, nadie opina ni dice nada, cuando estas discusiones son fundamentales para la consecución de una ley a la altura de las necesidades del sector. Por eso, es clave conocer, debatir y reflexionar sobre los articulados de la Ley, más aún cuando es impostergable la necesidad de articular las 17 leyes vigentes que tienen que ver con cultura y que, en su mayoría, son caducas e inservibles. La Ley tiene que reordenar la institucionalidad cultural, asumir a la cultura como un eje dinamizador de la economía y generar las condiciones para el nacimiento de verdaderas y sólidas  industrias creativas.

Mucho hay que decir del contenido del texto de la nueva Ley, aunque técnicamente aún no exista, pues no ha sido presentado ni por el Ministerio ni por la Asamblea. Pero ese es tema de otro artículo.

Así las cosas, en el año y poco más que queda del gobierno del presidente Correa será muy difícil que se pueda pagar la deuda con el sector de la cultura. Más aún si el 2016 comienza –debido a la crisis económica global y local– con una drástica reducción presupuestaria. Por ejemplo, el 60% del presupuesto del Consejo Nacional de Cine fue recortado, lo que le impedirá convocar a los fondos concursables, al menos en el primer semestre.

Sabemos con claridad que el éxito de un país no solo se mide con los indicadores económicos de crecimiento, sino también con la dignidad de sus ciudadanos, con la vitalidad de sus artistas y con la salud de sus instituciones culturales. Y, ciertamente,  en el Ecuador de inicios del 2016 la cultura no luce muy saludable que se diga.

Fuente: http://www.labarraespaciadora.com/la-tortuosa-historia-de-una-ley-de-cultura-inexistente/

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s